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El forense, que impartía prácticas de autopsias y reclamó un profesor más en euskera, sufrió un trastorno de ansiedad y necesitó tratamiento.

La docente, de Infantil, se sentía despreciada por los responsables del centro y fue sometida incluso a un juicio sumarísimo durante una reunión, según el juez.

Según los afectados, los casos asciendes a 146, lo que supondría detraer hasta cuatro millones de euros de las arcas públicas.